Artículo 16-42

 
Aunque claramente es contra la ley Federal  que los funcionarios y empleados escolares indaguen sobre el estatus migratorio de sus estudiantes o sus padres, cientos de distritos escolares todavía lo han estado haciendo.  En New York, se encontró a 139 distritos escolares (20%) que ilegalmente requerían que los estudiantes entregaran documentos migratorios como condición para matricularse en la escuela.  Y varios estados y gobiernos locales consideraron aprobar leyes similares.

 
Organizaciones pro libertades civiles y pro Reforma Migratoria registraron quejas y enfáticamente urgieron a la Administración Obama tomar acción inmediata para aplicar la ley Federal.  Como resultado, altos funcionarios Federales emitieron un memorándum muy enérgico para los distritos escolares de la nación recordándoles que es contra la ley que las autoridades educativas requieran información sobre el estatus migratorio de los estudiantes.  La nota dice “nos hemos enterado de las prácticas para matricular estudiantes que podrían…desanimar la participación, o resultar en la exclusión de estudiantes basados en…el estatus migratorio real o supuesto de ellos o de sus padres.  ESTAS PRACTICAS INFRINGEN LA LEY FEDERAL.”
 
El memorándum fue firmado por Thomas Perez, Ex Procurador General Auxiliar de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, y Russlynn Ali, Secretaria Auxiliar para los Derechos Civiles del Departamento de Educación.  El memorándum legal explicaba la ley según lo declarado por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1982 en el caso Plyer vs. Doe.  En dicho caso la Corte dijo que una ley de Texas que negaba la educación pública gratis a “extranjeros ilegales” violaba la Cláusula sobre Protección Equitativa de la Catorceava Enmienda de la Constitución de EE.UU.  Dicha cláusula prohíbe la discriminación basada en el estatus migratorio porque tal discriminación no promueve un interés estatal substancial.

La Corte dijo “La ley de Texas estaba dirigida contra menores e imponía su peso discriminatorio con base en una característica legal sobre la cual los menores tienen poco control”. La corte se refería al hecho que siendo niños fueron traídos ilegalmente al país por sus padres. Se ha determinado que este caso solo aplica a estudiantes de escuelas primarias y secundarias (high school).  La Corte dijo “negarle a los menores una educación apropiada probablemente contribuiría a la creación y perpetuación de una subclase de analfabetos dentro de nuestras fronteras, agregándose a los problemas y costos del desempleo, asistencia pública, y el crimen.”
 
De acuerdo con el abogado John W. Carrera quien representó a National Coalition of Advocates for Students (Coalición Nacional de Defensores de los Estudiantes), los empleados escolares tienen prohibido colaborar con los Funcionarios de Inmigración en cualquier forma que pueda arriesgar los derechos de los estudiantes inmigrantes bajo el caso Plyer.  Xochitl Hinojosa del Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que esta es la primera vez que su departamento ha proveído guiamiento a distritos escolares sobre los requerimientos del caso Plyer de 1982.  Es claro que la Administración Obama ha decidido frenar cualquier intento de las escuelas de violar los derechos de todos los estudiantes a estar libres de interrogatorios sobre el estatus migratorio.

 
JESS J. ARAUJO, ABOGADO