Artículo 17-18

 
Jessica Gonzales demandó a la ciudad de Castle Rock, Colorado porque la Policía rehusó actuar para aplicar una orden de restricción de la corte contra su violento esposo.  La orden protectora de la corte requería que Simón Gonzales estuviera alejado de la casa de ella y sus niñas y también decía, “La Policía deberá usar todos los medios razonables para protegerla y a sus niñas.” Simón Gonzales secuestró a sus tres hijas de su casa y, varias horas después, les disparó y las mató.

 
Jessica Gonzales ya les había mostrado a los oficiales policiacos la Orden de Restricción de la Corte y les solicitó ayuda.  La ley de Colorado requiere que la policía arreste a cualquiera que viole una orden de restricción. La Sra. Gonzales dijo que los oficiales de policía no parecían muy preocupados.  Le dijeron que llamara nuevamente en unas horas si las niñas no regresaban a casa.

 
Simón Gonzales finalmente llamó a Jessica para decirle que estaba con las niñas en un parque de diversiones muy conocido. Jessica llamó a la policía y les pidió buscar a las niñas y traerlas a casa.  Le dijeron que no podían porque el parque no estaba en su jurisdicción.  Rehusaron su solicitud de llamar a la policía de esa jurisdicción.  Después de llamar tres veces, la policía le pidió llamarlos otra vez a medianoche si para entonces las niñas no llegaban a casa.  Ella manejó hasta la estación de policía después de su cuarta llamada  y de nuevo les dijo a los oficiales de la orden de restricción y de nuevo les pidió ayuda antes de irse a casa.

 
A las 3:20 de la mañana, Simón condujo hasta la Estación de Policía de Castle Rock y comenzó a disparar al edificio con una pistola semiautomática que recién había comprado. Los oficiales de Policía le dispararon y lo mataron y encontraron los cuerpos muertos de las tres niñas en su camión.

 
El Jefe de Policía dijo que Simón Gonzales recientemente había sido citado por ser un conductor violento y por entrar sin permiso a una sección privada del Departamento de Policía.

 
La Corte Suprema de Estados Unidos falló  que la Sra. Gonzales no tenía  “El derecho” de obligar a la policía a aplicar la orden de restricción.  Dijeron que “ni la Constitución de Estados Unidos ni alguna ley Federal le da a ella o a sus niñas el derecho a protección policíaca.”  También dijeron que los estados no tienen el deber de proteger los derechos de un individuo por la violación de terceras partes.

 
Grupos de mujeres y defensores contra la violencia doméstica han expresado su escepticismo y decepción con la decisión. Dicen que ahora  las mujeres que tienen órdenes protectoras de la corte contra los esposos violentos quizás no tienen ninguna seguridad.  Otros han dicho que dado que a los oficiales de policía se les paga de nuestros impuestos, se les debería requerir que proporcionen protección individual a quienes pagan impuestos.

 
Activistas de los Derechos de las Mujeres han dicho que la lucha contra la violencia doméstica no tiene sentido si la policía no está obligada a actuar. Jessica Gonzales razonablemente asumió que ella sería protegida por la orden de la corte.  Las órdenes de la corte no significan nada si los oficiales de la policía deciden que legalmente no es obligación aplicarlas. Esta sentencia de la Corte Suprema debería de ponernos nerviosos porque la policía, según parece, no tiene que aplicar las órdenes de corte si no quieren.

 
 
JESS J. ARAUJO, ESQ.