Artículo 16-26

 
La Sexta Enmienda a la Constitución de EE.UU. da a toda persona acusada de cometer un crimen el derecho a ser representada por un abogado.  Si el castigo por cometer el crimen incluye  cárcel o prisión, el acusado tiene derecho a un abogado sin costo si no puede pagar uno privado. Toda persona, independientemente de su ciudadanía o del estatus migratorio, incluyendo inmigrantes indocumentados, tiene derecho a estas protecciones constitucionales.

 
Las cortes han interpretado apropiadamente que el “Derecho a Asesoría”, o derecho a ser representado por un abogado, requiere “Asistencia de Asesoría Efectiva”.  Esto significa que el abogado debe tomar decisiones competentes y conducir la defensa de una manera que utilice la ley y los procedimientos legales para lograr el mejor resultado para su cliente.  Esto necesariamente significa que como mínimo, debe informarle a su cliente de las consecuencias de una condena judicial o por declararse culpable.

 
José Padilla había sido residente permanente legal por 40 años, y veterano de la Guerra de Vietnam, cuando lo arrestaron por cargos de marihuana.  El insistió que su abogado le aseguró que no sería deportado si se declaraba culpable porque ya había estado en el país por mucho tiempo lo cual no es cierto.  El Sr. Padilla se declaró culpable, basándose en el consejo migratorio equivocado que su abogado le dió.  Cuando enfrentó la deportación, apeló su condena criminal y pidió que se retirara su declaración de culpable.

 
Los fiscales estatales argumentaban que los abogados de defensa criminal solamente tienen requerido informar a sus clientes de las consecuencias directas de declararse culpable.  Insistían que esto solo incluye asuntos como el tiempo en prisión o cárcel, multas, libertad bajo palabra y otros similares.  Insistieron que las consecuencias de deportación  son consecuencias indirectas y los abogados no  necesitan explicarlas a los acusados de crímenes.  Las cortes de apelación estuvieron de acuerdo con los fiscales estatales.

 
La Corte Suprema de EE.UU. escuchó el caso y sentenció a favor del Sr. Padilla en el sentido que los abogados de defensa criminal deben informar a sus clientes las consecuencias migratorias de ser condenados por los cargos.  A menos que se haga esto, al acusado no se le ha dado la asistencia de asesoría efectiva.  La Corte detuvo la deportación y envió el caso de regreso a la corte del estado para determinar si el Sr. Padilla tuvo perjuicios por el mal consejo de su abogado.

 
Si el Sr. Padilla hubiera sido informado que declararse culpable resultaría en su deportación obligatoria, él podría haber consultado un abogado de inmigración para explorar otras opciones.  Algunas veces se puede persuadir a los fiscales a cambiar la acusación o la sentencia de manera que no requiera la deportación.  Si el Sr. Padilla se hubiera hecho ciudadano de EEUU, nunca sería sujeto a deportación por ningún crimen.

 
 
Jess J. Araujo, Abogado