Artículo 16-21

 
Una ley en California dispone que es ilegal que los propietarios de inmuebles, o sus agentes pregunten a los arrendatarios, posibles arrendatarios o a los ocupantes, su estatus migratorio.   El Ex Asambleísta Charles Calderon, Demócrata de Montebello, presentó la ley, AB 976.  La ley también prohíbe que las ciudades y  condados aprueben alguna ley, ordenanza o regulación que obligue a los propietarios a preguntar el estatus migratorio de los arrendatarios o que rehúsen arrendarles basados en su estatus migratorio o de ciudadanía. California tiene más inmigrantes que ningún otro estado y un gran porcentaje  de ellos son indocumentados.

 
El ahora Ex Asambleísta Calderon presentó la ley porque varias ciudades de California habían intentado aprobar leyes requiriendo a los propietarios determinar el estatus migratorio de sus inquilinos y a rehusar rentarles a inmigrantes indocumentados.   Estas ciudades habían dicho que estas leyes eran necesarias porque los inmigrantes indocumentados “originan crimen y amontonamiento.”  La ciudad de Escondido aprobó una ordenanza  prohibiendo que los propietarios les rentaran a inmigrantes indocumentados.   Organizaciones de Derechos Civiles registraron una demanda sosteniendo que las leyes de arrendamiento anti-inmigrantes son inconstitucionales y que solo el gobierno federal tiene permitido regular asuntos migratorios. Un juez federal emitió una orden de restricción contra la ciudad de Escondido que después rescindieron su ordenanza de propietarios anti-inmigrantes y aceptaron pagar $90,000 dólares a los abogados de derechos civiles.

 
Los habitantes de la ciudad de San Bernardino registraron una propuesta de boleta electoral para votantes que también habría prohibido que los propietarios le rentaran a inmigrantes indocumentados. La mayoría de miembros del concejo de la ciudad votaron  contra la medida y ésta no fue aprobada.  Similares esfuerzos han tomado lugar en otros estados como Florida, Texas, y Nueva Jersey. Más de 90 ciudades o condados en el país han considerado aprobar leyes para desanimar que los inmigrantes indocumentados vivan aquí.  La ley AB 976 aplica para todas las ciudades y condados en California y asegura que no se aprobarán leyes similares en California.  Sin esta ley, cada ciudad y condado podría aprobar una ley similar y cada una requeriría costosas demandas separadas para detenerlas.

 
Los oponentes a la AB 976  han dicho que se debería permitir que los propietarios rehúsen rentarle a inmigrantes indocumentados.  Dicen que esto ayudará a detener “la inmigración ilegal” y “prevendría la suciedad que es peligrosa para todos y causa problemas de parqueo e higiene para los vecindarios cercanos.”  Es interesante notar que asociaciones de propietarios y asociaciones de dueños de apartamentos apoyan la ley AB 976 porque no quieren la responsabilidad de verificar el estatus migratorio de sus arrendatarios.

 
Todos los Demócratas votaron a favor de esta ley en la Asamblea y en el Senado de California. Los Republicanos votaron todos en contra.
 
A quienes se les pida declarar su estatus migratorio cuando soliciten rentar una casa o apartamento, deberían contactar inmediatamente a las oficinas consulares de su país o a un abogado. A menos que las víctimas de conductas ilegales utilicen la ley para hacer valer sus derechos y castigar a los que violan esos derechos, no se puede lograr la justicia.

 
Jess J. Araujo, Abogado