Our attorneys have been assisting the Orange County and Southern California communities for over 40 years.
Artículo 15-50
Varias decisiones de la Corte Suprema han causado críticas cuestionando la integridad de la justicia en este país. La reputación conservada por largo tiempo de entregar el más alto nivel de justicia está basada en nuestra aplicación consistente de principios legales sólidos designados para asegurar que cada persona será tratada igualmente bajo la ley. “UN SISTEMA DE LEYES NO DE HOMBRES” significa que la ley determinará si se ha cometido un crimen o un daño civil y si se ordenará un castigo. El estatus social de la persona acusada se supone que es irrelevante. El principio de “NADIE ESTA SOBRE LA LEY” fue demostrado con efectividad cuando el Presidente Richard Nixon se vió obligado a renunciar y cuando se permitió que una trabajadora del estado de Arkansas demandara al ExPresidente Bill Clinton.
Expertos legales creen que éstos y otros importantes principios legales han sido violados por algunas decisiones de la Corte Suprema. En un caso, la Corte le negó a Thomas Goldstein el derecho a demandar a la oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Angeles aún cuando se reveló que fiscales conscientemente usaron testimonios falsos de un criminal convicto para culparlo y sentenciarlo por una muerte que el Sr. Goldstein no cometió. El testigo admitió más tarde que había mentido. Dos jueces federales y 3 cortes federales de apelaciones sentenciaron que era inocente y que fue condenado equivocadamente. La ciudad de Long Beach aceptó pagarle $8 millones por el equivocado encarcelamiento por 24 años. Aún así, la Corte Suprema sentenció que la víctima no puede demandar a quienes cometieron el error porque son fiscales.
En otro caso, unos fiscales en Iowa fueron demandados por “inculpar con engaños” a dos adolescentes negros por asesinato, aún cuando los testigos habían identificado a un sospechoso que es blanco. Después que pasaron 25 años en prisión, un juez federal sentenció que los fiscales no tienen derecho a inmunidad contra enjuiciamiento por fabricar el falso testimonio. Los fiscales realmente pidieron que se desechara el reclamo porque “no existe derecho constitucional a no ser inculpado con engaños.” La víctima convino en aceptar voluntariamente un arreglo antes de que la Corte Suprema decidiera la apelación de los fiscales.
También, la Corte Suprema escuchó los argumentos legales en el caso de John Thompson, quien había pasado 14 años en prisión esperando a ser ejecutado por un crimen que no cometió. Estaba apenas a un mes de la fecha de su ejecución cuando un joven investigador de laboratorio criminal encontró pruebas de que los fiscales habían ocultado intencionalmente exámenes de sangre que habrían establecido su inocencia. El Sr. Thompson demandó a la Oficina del Fiscal de Distrito de Nueva Orleans y un jurado le otorgó una indemnización de $14 millones de dólares.
Expertos legales temían que la Corte Suprema de EE.UU. una vez más protegería a los fiscales que, en este caso, deliberadamente violaron la ley y causaron que un hombre inocente pasara muchos años en la cárcel sentenciado a muerte. La Corte Suprema finalmente sentenció que la Oficina del Fiscal de Distrito de Nueva Orleans no es responsable, y podría utilizar este caso para crear inmunidad contra demandas para todas las Oficinas de Fiscales de Distrito. El Magistrado Alito pareció sugerir que sería injusto permitir que las Oficinas de Fiscales de Distrito sean demandadas por la conducta errónea de unos pocos fiscales específicos. Dado que la Corte ya ha sentenciado que los fiscales no pueden ser demandados de manera personal, las víctimas no tendrán remedio para las conductas erróneas de la parte fiscal.
Jess J. Araujo, Abogado