Artículo 16-43

Un jurado Federal de San José, California concedió  $3.2 millones de dólares a una familia porque oficiales de policía negligentemente sacaron de su casa a 3 niños.  Los padres e hijos fueron ilícitamente privados por aproximadamente 18 meses de su derecho a vivir juntos. Las pruebas establecieron que los oficiales de policía entraron al hogar familiar sin la orden de registro o  arresto que se requiere por ley.  Este caso ilustra la razón que la ley requiere, con pocas excepciones, que los oficiales de policía obtengan una orden judicialmente emitida antes de entrar o registrar el hogar de una persona u otra propiedad o llevarse a una persona bajo custodia.

 
Cuando el gobierno o los oficiales de policía creen que ciertas actividades o circunstancias indican que se ha cometido un crimen, la Constitución de EE.UU. les requiere presentar sus evidencias a un juez.  El juez  decide entonces si la evidencia establece “causa probable” para creer que se ha cometido un crimen y que el sospechoso probablemente lo cometió.   Ello protege a todas las personas en este país (sin importar su estatus migratorio) de registros y capturas irrazonables”.

 
Documentos de la corte revelaban que los oficiales de policía habían sido informados que la hija de 8 años de edad había mostrado acciones sexuales inapropiadas y que en el salón de clases había usado palabras inusuales para su edad.  También mencionó que se bañaba con su papá.  Oficiales de policía dijeron que se preocuparon y sospecharon más cuando el padre rehusó cooperar con ellos.  El procurador de la ciudad, Rick Doyle, admitió que los oficiales de policía debieron haber obtenido una orden judicial autorizada pero insistió que “la policía tiene derecho de rescatar niños si están en un peligro inmediato.”  Aunque esto es cierto, si la policía se equivoca en concluir que la situación califica para una excepción en obtener una orden, las víctimas pueden demandar y recibir indemnización. Esto es precisamente lo que sucedió en este caso.

 
Cuando la familia se trasladó a Napa 18 meses después, trabajadores sociales revisaron la base legal para quitarles los niños y los regresaron rápidamente con sus padres.  Esto confirmó el sentir de los padres que llevárselos fue inapropiado.  La familia registró una demanda contra la ciudad de San José, el Departamento de Policía de San José, el Condado y funcionarios escolares.  El Condado y los funcionarios escolares acordaron pagar una indemnización a la familia.  La ciudad de San José rehusó pagar y optó por que un jurado decidiera sobre el caso.

 
El jurado decidió unánimemente que los oficiales de policía no tenían suficiente evidencia para justificar entrar al hogar familiar  sin una orden o para llevarse a los niños de su casa o separarlos  de sus padres.  El jurado también decidió que los oficiales de policía violaron los derechos constitucionales de los niños y de sus padres a estar libres de registros y retenciones irrazonables.  También determinaron que los oficiales de policía violaron el derecho constitucional de la familia a estar libre del apoderamiento gubernamental de sus vidas, libertad o propiedades, sin el debido proceso de ley.  La familia hizo un argumento contundente y convincente al establecer que no hubo evidencia de abuso y que su hija nunca le dijo a nadie que había sido abusada sexualmente.  
 
JESS J. ARAUJO, ABOGADO